Diversos municipios del país han iniciado el proceso de cierre administrativo en el marco del cambio de autoridades, una etapa clave para garantizar la continuidad de la gestión pública y la transparencia en la administración de recursos.
Este procedimiento implica la revisión, consolidación y entrega de información financiera, presupuestaria y documental por parte de las autoridades salientes a las nuevas gestiones, conforme a la normativa vigente.
Entre los aspectos que se incluyen en el cierre administrativo están los estados financieros, ejecución presupuestaria, inventarios de bienes, proyectos en curso y obligaciones pendientes, con el fin de evitar irregularidades y asegurar una transición ordenada.
Las instancias de control también participan en este proceso, realizando auditorías y verificaciones para certificar que la información entregada refleje la situación real de cada gobierno municipal.
Autoridades señalaron que este proceso es fundamental para garantizar la transparencia institucional y prevenir posibles responsabilidades administrativas o legales en el futuro.
