La Sala Plena del Consejo de la Magistratura expresó su rechazo al Proyecto de Ley N° 294/2025-2026, que plantea transferir el Registro de Derechos Reales (DDRR) al Órgano Ejecutivo, y advirtió que esta medida podría afectar la seguridad jurídica de la propiedad en el país. No obstante, la institución manifestó su apertura a un debate técnico, constitucional e interinstitucional para analizar el alcance de la propuesta.
El proyecto, impulsado por la diputada del PDC, Claudia Bilbao, surge en respuesta a múltiples denuncias ciudadanas sobre deficiencias en la atención e irregularidades cometidas por funcionarios de la oficina registral, tal como ocurre en la ciudad de El Alto, donde la registradora interina Leonor Vera Condori enfrenta procesos penales y disciplinarios sin avances significativos. La legisladora sostiene que la iniciativa busca reformar una estructura cuestionada por su burocracia, falta de transparencia y retrasos en los trámites, aspectos que -según señala- perjudican directamente a los usuarios.
Desde el Consejo de la Magistratura, sin embargo, se advierte que trasladar DDRR al Órgano Ejecutivo implicaría someter el registro de la propiedad a una estructura de carácter político, lo que podría debilitar la confianza en el sistema y abrir riesgos de injerencia en un ámbito sensible vinculado a derechos fundamentales.
