El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó la aprobación del proyecto de ley PL 157/2023-2024 sobre la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad y/o empresa agropecuaria, al considerar que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) omitió un debate amplio y técnicamente fundamentado antes de su sanción.
La norma fue aprobada la pasada semana con dispensación de trámite y voto de urgencia, a solicitud del jefe de bancada de la alianza Libre, Rafael López, lo que permitió su rápida validación en Diputados tras su paso previo por el Senado. Este procedimiento fue observado por la Defensoría, que días antes -el 12 de marzo- había remitido una nota oficial exhortando a abrir un proceso deliberativo con participación de actores sociales y evaluación técnica.
Para Callisaya, se trata de una ley que incide directamente en el modelo agrario del país, por lo que su tratamiento no debió limitarse a un trámite formal. “Debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos”, remarcó.
El análisis técnico de la Defensoría identificó varios riesgos asociados a la conversión de la pequeña propiedad. Entre ellos, la posible modificación de su régimen jurídico y la eventual pérdida de su condición de patrimonio familiar inembargable, una figura clave que protege a las familias rurales frente a deudas o procesos judiciales.
