La propuesta de implementar un esquema de distribución de recursos bajo el criterio “50-50” ha comenzado a generar preocupación en distintos sectores, especialmente entre autoridades locales y analistas en gestión pública. Si bien la iniciativa busca promover una mayor equidad en la asignación de fondos, su aplicación podría derivar en efectos adversos para municipios que cuentan con una limitada capacidad de recaudación propia.
En muchos casos, estas jurisdicciones dependen en gran medida de las transferencias del nivel central para sostener servicios básicos como salud, educación, infraestructura y programas sociales. Bajo un modelo que priorice una distribución equitativa sin considerar las profundas asimetrías económicas y fiscales entre regiones, existe el riesgo de que los municipios más vulnerables enfrenten mayores dificultades para cubrir sus necesidades operativas.
Especialistas advierten que un esquema uniforme no necesariamente garantiza justicia distributiva. Por el contrario, podría acentuar brechas preexistentes si no se incorporan criterios complementarios como niveles de pobreza, densidad poblacional, costos de provisión de servicios y capacidad institucional. “No todos los municipios parten del mismo punto. Aplicar una regla igual para todos puede terminar siendo inequitativo”, señalan expertos en finanzas públicas.
Asimismo, autoridades municipales han manifestado su inquietud respecto a la sostenibilidad financiera de sus territorios en caso de adoptarse esta medida sin ajustes técnicos. En zonas rurales o con economías poco diversificadas, la generación de ingresos propios suele ser baja, lo que limita la capacidad de respuesta ante posibles reducciones en las transferencias.
