Tras una extensa reunión entre representantes de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y autoridades del Gobierno Nacional, se acordó establecer un plazo de 15 días calendario para que el Ejecutivo presente medidas o alternativas destinadas a reducir el impacto que genera el incremento del precio del diésel en los gobiernos municipales y la población.
El encuentro fue parte de la agenda de trabajo que la FAM viene desarrollando con el Gobierno, en seguimiento a los acuerdos abordados anteriormente con el presidente Rodrigo Paz. La reunión permitió revisar diferentes demandas planteadas por los municipios y avanzar en algunos de los puntos considerados prioritarios para las entidades territoriales.
Entre los temas analizados estuvieron la devolución de los recursos vinculados al 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la propuesta del modelo 50-50 y la situación generada por el incremento del precio del diésel. La FAM sostiene que el mayor costo del combustible representa una presión adicional para las finanzas municipales.
El presidente de la FAM y alcalde de Tarija, Johnny Torres, señaló que uno de los principales objetivos es encontrar mecanismos que permitan a los municipios afrontar el nuevo escenario económico y evitar que el incremento del combustible afecte la ejecución de servicios y actividades que dependen de recursos municipales.
