Sectores movilizados intensifican sus medidas de presión exigiendo el tratamiento de una ley que les permita acceder a una distribución más justa de los recursos provenientes de la explotación de hidrocarburos.
Dirigentes señalan que la demanda central apunta a modificar los mecanismos actuales de asignación de regalías e ingresos, argumentando que las regiones productoras y las comunidades afectadas no reciben una compensación acorde al impacto económico, social y ambiental de la actividad extractiva.
Las protestas incluyen marchas, concentraciones y no se descarta la instalación de bloqueos en puntos estratégicos si no se atiende el pedido en el corto plazo. “No estamos pidiendo privilegios, sino una redistribución equitativa que beneficie a nuestras regiones”, indicaron representantes del sector.
Asimismo, exigen a la Asamblea Legislativa acelerar el tratamiento del proyecto de ley, que —según afirman— lleva tiempo sin avances significativos. Consideran que la demora refleja una falta de voluntad política para encarar una problemática estructural.
Analistas señalan que el debate sobre la distribución de recursos hidrocarburíferos es recurrente y complejo, ya que involucra intereses de distintos niveles de gobierno, así como criterios técnicos y económicos. Sin embargo, coinciden en que la transparencia y el diálogo son claves para evitar la escalada del conflicto.
