Un proyecto de ley plantea establecer sanciones para quienes presenten denuncias falsas en el marco de la Ley 348, con el objetivo de evitar el uso indebido de los mecanismos de protección y garantizar el respeto al debido proceso.
La propuesta contempla penas de hasta seis años de prisión para quienes, tras una investigación y resolución judicial, se determine que realizaron una denuncia falsa de manera dolosa. Además, prevé el resarcimiento económico a favor de las personas que hayan sido afectadas por este tipo de denuncias.
Asimismo, el proyecto establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos como una de las posibles sanciones para quienes sean hallados responsables, en los casos previstos por la iniciativa legislativa.
Los impulsores de la propuesta sostienen que la norma busca proteger tanto a las víctimas de violencia como a las personas que pudieran verse perjudicadas por denuncias falsas, fortaleciendo la seguridad jurídica y el acceso a la justicia.
El proyecto deberá seguir el procedimiento legislativo correspondiente para su análisis y debate en las instancias competentes antes de una eventual aprobación y entrada en vigencia.
